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Legislación

LEY 8.226
MENDOZA, 16 de Noviembre de 2010.
(LEY GENERAL VIGENTE)
(VER ADEMAS LEY 8701, ART. 99 SOBRE APLICACION DE LA PRESENTE NORMA)

B.O.       : 30/11/2010
NRO. ARTS. : 0003
TEMA       : ADHESION LEY NACIONAL 26485 PROTECCION INTEGRAL PREVENCION SANCIONES
             ERRADICACION VIOLENCIA MUJERES

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la Ley Nacional 26.485 de 
Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, 
sancionada por el Congreso Nacional el 11 de marzo de 2009 y promulgada con 
fecha 1 de abril de 2.009. 

Artículo 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Instituto Provincial de 
la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad a 
elaborar protocolos de intervención y a celebrar los convenios que resulten 
necesarios, para la plena aplicación de la Ley Nacional 26.485. 

Artículo 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil diez. 

Cristian L. Racconto 
Mariano Godoy Lemos 
Jorge Tanus 
Jorge Manzitti  

LEY 26.485				

LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

BUENOS AIRES, 11 de Marzo de 2009 
BOLETIN OFICIAL, 14 de Abril de 2009 
Vigentes 

Reglamentado por

Decreto Nacional 1.011/10 Art.1

SUMARIO
 
DERECHOS DE LA MUJER-VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-DISCRIMINACION DE LA MUJER-
CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER-OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

TEMA
 
DERECHOS DE LA MUJER-VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-DISCRIMINACION DE LA MUJER-
CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER-OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
	El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

GENERALIDADES
 
CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA: 45 
NRO. DE ART. QUE ESTABLECE LA ENTRADA EN VIGENCIA: 44 
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 14/04/2009

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 6)
 
Ambito de aplicación. Orden Público.
 
ARTICULO 1º - Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de 
aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las 
disposiciones de carácter procesal establecidas en el Capítulo II del Título III 
de la presente.

Objeto.
 
ARTICULO 2º -La presente ley tiene por objeto promover y garantizar: 
a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los 
órdenes de la vida;
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; 
c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 
manifestaciones y ámbitos; 
d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre 
violencia contra las mujeres;
e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la 
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; 
g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas 
estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las 
mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

Derechos Protegidos.
 
ARTICULO 3º -Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 
de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en 
especial, los referidos a: 
a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones; 
b) La salud, la educación y la seguridad personal; 
c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial; 
d) Que se respete su dignidad; 
e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de 
conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual 
y Procreación Responsable;
f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento; 
g) Recibir información y asesoramiento adecuado;
h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad; 
i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la presente ley;
j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y 
mujeres; 
k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda 
conducta, acto u omisión que produzca revictimización.
Ref. Normativas:	
Ley 25.673

Definición.
 
ARTICULO 4º - Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción 
u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en 
el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, 
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como 
así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el 
Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda 
conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que 
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Tipos.
 
ARTICULO 5º - Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo 
precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:
1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, 
daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que 
afecte su integridad física.
2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o 
perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o 
controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante 
amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, 
manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia 
constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, 
insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, 
explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que 
cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.
3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, 
con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente 
acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de 
la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de 
otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como 
la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de 
mujeres.
4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los 
recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales; 
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; 
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario 
menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación 
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la 
sociedad.

Modalidades.
 
ARTICULO 6º - A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas 
en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los 
diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:
a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres 
por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico 
donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la 
libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se 
entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad 
o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. 
Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la 
convivencia;
b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los 
funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier 
órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o 
impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los 
derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen 
en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas 
y de la sociedad civil;
c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en 
los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al 
empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo 
requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la 
realización de test de embarazo.
Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar 
el derecho de igual remuneración por igual tarea o función.
Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una 
determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;
d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de 
las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el 
intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación 
del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo 
y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato 
deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos 
naturales, de conformidad con la Ley 25.929.
f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de 
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de 
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de 
mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente 
contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, 
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la 
desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
Ref. Normativas:	
Ley 25.673

Ley 25.929

TITULO II
POLITICAS PUBLICAS (artículos 7 al 15)
 
CAPITULO I
PRECEPTOS RECTORES (artículos 7 al 7)
 
Preceptos rectores.
 
ARTICULO 7º - Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o 
provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus 
actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad 
entre mujeres y varones.
Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los 
siguientes preceptos rectores:
a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder 
sobre las mujeres;
b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo 
valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres;
c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen 
cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, 
transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la 
sanción y reeducación de quienes ejercen violencia;
d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las 
medidas así como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando 
interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios;
e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, 
comprometiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales;
f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose 
la reproducción para uso particular o difusión pública de la información 
relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de 
quien la padece;
g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que 
permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos 
reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

CAPITULO II
ORGANISMO COMPETENTE (artículos 8 al 9)
 Organismo competente.
 
ARTICULO 8º - El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector encargado 
del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la 
presente ley.

Facultades.
 
ARTICULO 9º -El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro de los 
objetivos de la presente ley, deberá:
a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la 
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, 
con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y 
con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad 
civil con competencia en la materia;
c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico 
especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de 
acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia;
d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de 
asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia;
e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que 
padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la 
problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o 
negociación;
f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las 
situaciones de violencia; 
g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones 
destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, 
derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los 
distintos niveles de atención;
h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a 
los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y 
de seguridad, y las Fuerzas Armadas, las que se impartirán de manera integral y 
específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico respetando 
los principios consagrados en esta ley;
i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada, en materia 
de violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos 
reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres destinada a legisladores/as y 
asesores/as;
j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la 
capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, 
puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres;
k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las 
mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se 
establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y 
Secretarías competentes, independientemente de los que determine cada área a los 
fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos Federales con 
competencia en la materia;
l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los 
criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores 
básicos desagregados -como mínimo- por edad, sexo, estado civil y profesión u 
ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre 
que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y 
sanciones impuestas a la persona violenta.
Se deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que 
padecen violencias;
m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, 
modalidad de Registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, 
independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son propios; 
n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las 
investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través 
del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres;
ñ) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización 
permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los 
programas y los servicios de asistencia directa;
o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con 
las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a 
dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en 
materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes 
la padecen;
p) Establecer y mantener un Registro de las organizaciones no gubernamentales 
especializadas en la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar 
convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución 
de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la rehabilitación 
de los hombres que la ejercen;
q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia 
contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el 
Estado garantiza e instalando la condena social a toda forma de violencia contra 
las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de las 
distintas áreas;
r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para 
toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la 
presente ley; 
s) Convocar y poner en funciones al Consejo, Consultivo de organizaciones de la 
sociedad civil y redactar su reglamento de funcionamiento interno;
t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de 
desarrollar modelos de atención y prevención interinstitucional e 
intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones 
públicas y privadas;
u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres 
privadas de libertad.

CAPITULO III
LINEAMIENTOS BASICOS PARA
LAS POLITICAS ESTATALES (artículos 10 al 11)
 
Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones.
 
ARTICULO 10. - El Estado nacional deberá promover y fortalecer 
interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e 
implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen 
violencia y a las personas que la ejercen, debiendo garantizar:
1.- Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para 
informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
2.- Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que 
trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia, las que 
coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos y registros 
establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades:
a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de 
estrategias de abordaje;
b) Grupos de ayuda mutua;
c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;
d) Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y 
psicológica;
e) Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia 
destinados a promover el desarrollo humano.
3.- Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.
4.- Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la 
estrategia de autovalimiento de la mujer.
5.- Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer.
6.- Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que 
padecen violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o 
residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o 
sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración 
inmediata a su medio familiar, social y laboral.
7.- Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.

Políticas públicas.
 
ARTICULO 11. - El Estado nacional implementará el desarrollo de las siguientes 
acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los 
distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones 
provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil 
con competencia en la materia:
1.- Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Gabinete y Gestión 
Pública: 
a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en 
materia de acoso sexual en la administración pública nacional y garanticen la 
efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de derechos, 
oportunidades y trato en el empleo público;
b) Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones 
semejantes en el ámbito de las jurisdicciones provinciales.
2.- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:
a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las 
mujeres que padecen violencia;
b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los 
planes y programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de 
asistencia a la emergencia; 
c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de 
las mujeres en procesos de asistencia por violencia;
d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para 
atención de la emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijas/os; e) 
Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de 
créditos a mujeres que padecen violencia;
f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el 
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que 
se fijen para las niñas y adolescentes que padecen violencia.
3.- Ministerio de Educación de la Nación:
a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los 
contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la 
tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la 
igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la 
vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de 
resolución de conflictos;
b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la 
detección precoz de la violencia contra las mujeres;
c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/os 
y adolescentes que se vean afectadas/os, por un cambio de residencia derivada de 
una situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del 
hogar;
d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres 
en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado 
como de post grado;
e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales 
didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los 
criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y 
trato entre mujeres y varones;
f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo 
Federal de Educación.
4.- Ministerio de Salud de la Nación: 
a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los 
programas de salud integral de la mujer; 
b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el 
Ministerio de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en 
el ámbito del Consejo Federal de Salud; 
c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y 
modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de 
atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, 
ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental, que especifiquen el 
procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen violencia, 
resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica 
médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación 
de elementos probatorios;
d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados 
en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la 
ejerzan con la utilización de protocolos de atención y derivación;
e) Impulsar la aplicación de un Registro de las personas asistidas por 
situaciones de violencia contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales 
y provinciales.
f) Asegurar la asistencia especializada de los/ as hijos/as testigos de 
violencia; g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u 
organismo que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de 
prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres, en los 
establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las entidades de 
medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de 
condiciones con otras prestaciones;
h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de 
mejorar el diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género; i) 
Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo 
de la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y 
provinciales podrán celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil.
5.- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación:
5.1. Secretaría de Justicia:
a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia 
mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información, 
asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito;
b) Promover la aplicación de convenios con Colegios Profesionales, instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia 
jurídica especializada y gratuita;
c) Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes 
judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;
d) Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias 
judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales;
e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de 
violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria 
de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje;
f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder 
Judicial la capacitación específica referida al tema;
g) Alentar la conformación de espacios de formación específica para 
profesionales del derecho;
h) Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y 
las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de 
las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo 
periódicamente los resultados;
i) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres 
privadas de libertad.
5.2. Secretaría de Seguridad: 
a) Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios 
interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para 
optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de 
disposiciones judiciales;
b) Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos 
básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de 
seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la 
revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial 
a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial; 
c) Promover la articulación de las fuerzas policial y de seguridad que 
intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las 
instituciones
gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil;
d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática 
de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos 
humanos; 
e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policial y de seguridad 
asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos 
de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.
5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI): 
a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres 
en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos.
6.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación: 
a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a 
empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y 
promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, 
debiendo respetar el principio de no discriminación en:
1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección;
2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación;
3. La permanencia en el puesto de trabajo;
4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función. 
b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual 
contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;
c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres 
que padecen violencia;
d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen 
violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin 
de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como 
las emanadas de las decisiones judiciales.
7.- Ministerio de Defensa de la Nación:
a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas a 
la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres;
b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar 
patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas Armadas 
para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas;
c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la 
violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;
d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos 
sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia con perspectiva de 
género.
8.- Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación: 
a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y 
campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la 
población en general y en particular a las mujeres sobre el derecho de las 
mismas a vivir una vida libre de violencias;
b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos 
humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de 
género;
c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en 
violencia contra las mujeres;
d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;
e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de 
campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres.

CAPITULO IV
OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES (artículos 12 al 15)
 
Creación.
 
ARTICULO 12. - Créase el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el 
ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, 
producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia 
contra las mujeres.

Misión.
 
ARTICULO 13. - El Observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema de 
información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y 
gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

Funciones.
 
ARTICULO 14. - Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las 
Mujeres: 
a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información 
periódica y sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre 
violencia contra las mujeres;
b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, 
prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus 
consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, 
económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir 
causal de violencia;
c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes 
que el Estado nacional eleve a los organismos regionales e internacionales en 
materia de violencia contra las mujeres; 
d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, 
nacionales o internacionales, con la finalidad de articular 
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;
e) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, 
estudios y actividades del Observatorio, mediante una página web propia o 
vinculada al portal del Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base 
documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía;
f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y 
difundirlas a los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones 
nacionales, provinciales o municipales que lo consideren;
g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia 
de derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación 
de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, 
para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas;
h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates 
públicos, con participación de centros de investigación, instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos 
públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, 
fomentando el intercambio de experiencias e identificando temas y problemas 
relevantes para la agenda pública;
i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y 
privados para la puesta en marcha de los Registros y los protocolos;
j) Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres 
con otros Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e 
internacional;
k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá 
contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas y 
propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a 
la ciudadanía y elevado a las autoridades con competencia en la materia para que 
adopten las medidas que corresponda.

Integración.
 
ARTICULO 15. - El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará 
integrado por: 
a) Una persona designada por la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, 
quien ejercerá la Dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada 
formación en investigación social y derechos humanos;
b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia.

TITULO III
PROCEDIMIENTOS (artículos 16 al 40)
 
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES (artículos 16 al 18)
 
Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos.
 
ARTICULO 16. - Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en 
cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las 
leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: 
a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico 
preferentemente especializado;
b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;
c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa 
competente;
d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión 
que la afecte; 
e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren 
amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3º 
de la presente ley;
f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las 
actuaciones;
g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la 
causa;
h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización;
i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de 
violencia y quienes son sus naturales testigos;
j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del 
estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes 
judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que 
sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva 
de género;
k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el 
incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

Procedimientos Administrativos.
 
ARTICULO 17. - Las jurisdicciones locales podrán fijar los procedimientos 
previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta ley, 
la que será aplicada por los municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas, 
delegaciones de los Consejos Provinciales de la Mujer o áreas descentralizadas, 
juzgados de paz u organismos que estimen convenientes.

Denuncia.
 
ARTICULO 18. - Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, 
sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo 
o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra 
las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las 
denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure 
delito.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO (artículos 19 al 40)
 
Ambito de aplicación.
 
ARTICULO 19. - Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, 
dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto en 
la presente ley.

Características del procedimiento.
 
ARTICULO 20. - El procedimiento será gratuito y sumarísimo.

Presentación de la denuncia.
 
ARTICULO 21. - La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres 
podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante 
el Ministerio Público, en forma oral o escrita.
Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.

Competencia.
 
ARTICULO 22. - Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en 
razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate.
Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las 
medidas preventivas que estime pertinente.

Exposición policial.
 
ARTICULO 23. - En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se 
labrase exposición y de ella surgiere la posible existencia de violencia contra 
la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de 
las VEINTICUATRO (24) horas.

Personas que pueden efectuar la denuncia.
 
ARTICULO 24. - Las denuncias podrán ser efectuadas:
a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin 
restricción alguna; 
b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales 
de acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su 
condición física o psíquica no pudiese formularla;
d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única 
legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un 
tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en VEINTICUATRO 
(24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para 
evitar que la causa tome estado público.
e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe 
laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el 
ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren 
conocimiento de que una mujer padece violencia siempre que los hechos pudieran 
constituir un delito.
Ref. Normativas:	
Ley 26.061

Asistencia protectora.
 
ARTICULO 25. - En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a 
acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre que la mujer que padece 
violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y 
psicológica de la misma.

Medidas preventivas urgentes.
 
ARTICULO 26. - 
a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de 
oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas 
preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres 
definidas en los artículos 5º y 6º de la presente ley:
a. 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de 
residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual 
concurrencia de la mujer que padece violencia; 
a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o 
intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer; 
a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte 
peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos;
a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el 
secuestro de las que estuvieren en su posesión;
a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce 
violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de 
los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación 
especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; 
a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer;
a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer 
que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la 
repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del 
agresor hacia la mujer.
b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente 
artículo, en los casos de la modalidad de violencia doméstica contra las 
mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes:
b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o 
trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja 
conviviente;
b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, 
independientemente de la titularidad de la misma;
b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, 
previa exclusión de la vivienda del presunto agresor;
b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece 
violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales;
b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota 
alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes 
obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia;
b.6. En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, mediante 
resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la 
niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo 
familiar, por consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la familia 
ampliada o de la comunidad.
b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas;
b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, 
en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as;
b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y 
de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia.
En los casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los 
bienes de cada uno;
b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período 
que estime conveniente, del mobiliario de la casa.

Facultades del/la juez/a.
 
ARTICULO 27. - El/ la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, 
determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, 
y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto 
fundado.

Audiencia.
 
ARTICULO 28. - El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá 
tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de CUARENTA Y OCHO (48) horas 
de ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se adoptara ninguna de ellas, 
desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia.
El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser 
llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.
En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y 
ordenará las medidas que estime pertinentes.
Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo 
estipulado por la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes.
Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.
Ref. Normativas:	
Ley 26.061

Informes.
 
ARTICULO 29. - Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente podrá 
requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar 
los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer 
y la situación de peligro en la que se encuentre.
Dicho informe será remitido en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a efectos 
de que pueda aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las 
mencionadas en el artículo 26.
El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren 
por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños 
físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la 
situación de peligro, evitando producir nuevos informes que la revictimicen.
También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la 
sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.

Prueba, principios y medidas.
 
ARTICULO 30. - El/la juez/a tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el 
proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los 
sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor, y proteger a quienes corran el 
riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención 
de la verdad material.

Resoluciones.
 
ARTICULO 31. - Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar 
los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el 
principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a 
la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y 
concordantes.

Sanciones.
 
ARTICULO 32. - Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el/la juez/a 
podrá evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u 
ordenar otras.
Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles o penales que correspondan, el/la Juez/a deberá aplicar alguna/s de las 
siguientes sanciones: 
a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido;
b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, 
asociación profesional o lugar de trabajo del agresor; 
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o 
terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas.
Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el 
juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en 
materia penal.

Apelación.
 
ARTICULO 33. - Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen 
o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan 
sanciones, serán apelables dentro del plazo de TRES (3) días hábiles.
La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se 
concederá en relación y con efecto devolutivo.
La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de 
tales medidas se concederá en relación y con efecto suspensivo.

Seguimiento.
 
ARTICULO 34. - Durante el trámite de la causa, por el tiempo que se juzgue 
adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones 
adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la 
frecuencia que se ordene, y/o mediante la intervención del equipo 
interdisciplinario, quienes elaborarán informes periódicos acerca de la 
situación.

Reparación.
 
ARTICULO 35. -La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los 
daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.

Obligaciones de los/as funcionarios/ as.
 
ARTICULO 36. - Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes 
sanitarios, y cualquier otro/a funcionario/a público/a a quien acudan las 
mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:
a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, 
y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención;
b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso; 
c) Cómo preservar las evidencias.

Registros.
 
ARTICULO 37. - La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros 
sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia 
previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión 
u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con 
el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así 
como las sanciones impuestas al agresor.
Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley 
deberán remitir anualmente la información pertinente para dicho registro.
El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización 
judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso 
público que permitan conocer, como mínimo, las características de quienes 
ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de 
medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas.

Colaboración de organizaciones públicas o privadas.
 
ARTICULO 38. -El/la juez/a podrán solicitar o aceptar en carácter de amicus 
curiae la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas 
dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.

Exención de cargas.
 
ARTICULO 39. - Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán exentas del 
pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial de la 
Nación en materia de costas.
Ref. Normativas:	
Código Procesal Civil y Comercial Art.68

Normas supletorias.
 
ARTICULO 40. - Serán de aplicación supletoria los regímenes procesales que 
correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados.

TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES (artículos 41 al 45)
 
ARTICULO 41. - En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la 
presente ley importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la modificación 
o derogación de los vigentes.

ARTICULO 42. - La Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, será de 
aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente 
ley.
Ref. Normativas:	
Ley 24.417

ARTICULO 43. - Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la 
presente ley serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional
 
ARTICULO 44. - La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Nación.

ARTICULO 45. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

FIRMANTES
 
COBOS-FELLNER-Hidalgo-Estrada