Servicios y Utilidades

Tribunal de Ética

Sentencia

Texto completo. Prescripción Corte.

 

Sentencia

Texto completo de la sentencia 1124.

Informe de causas

TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ESTADÍSTICA DE INGRESO DE CAUSAS POR AÑO CALENDARIO

1986/1992…………158 (No hay registros detallados por año ya que no existía sistema informático. Se agrupan 7 años, con un promedio de 22.5 expedientes ingresados por año.)
1993 ……………..20
1994………………22
1995………………25
1996 ……………..21
1997………………32
1998………………74
1999………………39
2000………………58
2001………………28
2002………………65
2003……………..182
2004………………82
2005……………..186
2006………………28
2007………………34
2008……………..105
2009………………70
2010………………58
2011………………60
2012………………38
2013………………54
2014………………30 (hasta mayo 2014)
TOTAL:………1470

Informe de estado de causas desde el
02 de Mayo de 2012 al 05 de Mayo de 2014

El 2 de Mayo de 2.012, fecha en que asumen los integrantes del Tribunal por el período 2012/2014, se recibieron 131 causas. A partir de esa fecha han ingresado 107 expedientes hasta el 05 de Mayo de 2.014
De este total de 237 causas resulta lo siguiente:
Se han resuelto hasta el 05 de Mayo de 2.014, 125 expedientes dictándose las siguientes resoluciones:

· ABSOLUCIONES: 58
· SUSPENSIONES: 37
· CENSURA EN PRESENCIA DEL DIRECTORIO 3
· CENSURAS INDIVIDUALES 11
· SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN 10
(En los todos los casos la acción disciplinaria se encontraba prescripta al momento de realizarse la denuncia)
· EXCLUSIONES 2
· EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR FALLECIMIENTO 2
. ARCHIVO POR FALTA DE MERITO 2

(Tener presente que las causas pueden incluir a más de un profesional por eso hay más resoluciones que causas)

Denuncias presentadas ante el H. Directorio del Colegio de Abogados
desde la vigencia de la Ley 4.976 (año 1.986) hasta el 05/5/2014 3.686

Expedientes elevados por el H. Directorio al Tribunal de Ética desde
su creación hasta el 05 de Mayo de 2.014 1.470

Expedientes resueltos por el Tribunal desde su creación hasta el 02/5/14 1340
Causas en trámite en el Tribunal al 05 de Mayo de 2014 130
a) Causas en trámite 117
b) Causas en estado de poner para alegar 7
c) Causas con alegatos en estado de llamar autos para sentencia 6

 

Abogados suspendidos

Suspensiones aplicadas

Como resultado de las denuncias recibidas por el Tribunal de Etica y Disciplina, muchas de ellas derivan en sanciones impuestas por este Tribunal a los profesionales involucrados en algún tipo de falta ética. Se presenta a continuación un listado de profesionales suspendidos con su respectiva fecha de inicio y el período que se extiende dicha suspensión de acuerdo a la gravedad de la falta.

Nómina de profesionales suspendidos

3724,FRANCO Eduardo Marcos,21-SET-2002,Exclusión
3546,GUZMAN MOYANO Rodolfo,04-AGO-1995,Exclusión
3521,PROKOPENKO Enrique Daniel,29-JUL-1998,Exclusión
3076,RUIZ María Silvana,28-AGO-2008,Exclusión
1348,BRESCIA José Hipólito,30-NOV-2011,2 años
1348,BRESCIA José Hipólito,01-DIC-2013,15 días
1348,BRESCIA José Hipólito,16-DIC-2013,1 día
1348,BRESCIA José Hipólito,17-DIC-2013,3 meses
1348,BRESCIA José Hipólito,18-MAR-2014,3 meses
1348,BRESCIA José Hipólito,19-JUN-2014,1 mes
1348,BRESCIA José Hipólito,20-JUL-2014,3 meses
1348,BRESCIA José Hipólito,20-OCT-2014,2 meses
1348,BRESCIA José Hipólito,21-DIC-2014,1 mes
1348,BRESCIA José Hipólito,21-ENE-2015,Exclusión
2256,AVOGADRO Carlos,12-DIC-2011,5 años (*)
2256,AVOGADRO Carlos,29-MAY-2013,Exclusión
2256,AVOGADRO Carlos,12-DIC-2016,Exclusión
5092,GUEVARA Maximiliano,09-DIC-2014,1 año

Información al día: viernes 12 de diciembre de 2014

Nota: El presente listado se mantiene actualizado publicando solo aquellas suspensiones vigentes. Una vez terminado el plazo de sanción, la referencia se elimina definitivamente.

 

Reglamento procesal

Reglamento para el juzgamiento de faltas éticas y disciplinarias

Reglamento procesal de actuación ante el Tribunal de Etica y Disciplina de los Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza. Aprobado por la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza, por acta del 20 de junio de 2003
CAPITULO I – INTEGRACION Y RECUSACIONES

Art. 1 – El Tribunal se integrará en caso de cesación de mandatos, renuncias y licencias con los miembros suplentes en el orden en que éstos fueron electos. En los casos de excusaciones y recusaciones el Tribunal se integrará rotativamente con los miembros suplentes en el orden de su elección. Cuando el Presidente del Tribunal estuviere afectado por algún impedimento o cesare en sus funciones, será reemplazado por el Vice-Presidente y luego por los restantes miembros según el orden de su elección.

Artículo 2 – Los miembros del Tribunal de Etica deberán excusarse de intervenir por las mismas causases de inhibición y recusación establecidas en el Cód Proc. Penal, de acuerdo a lo dispuesto en el art.91 de la Ley N° 4976.

Artículo 3 – Los imputados podrán recusar a los miembros del Tribunal de Etica en su primera presentación, o dentro de los tres primeros días de citado para defensa, cuando se encontraron en algunas de las causases mencionadas en el artículo anterior, debiendo ofrecer en su caso, la prueba que haga a su derecho.

Artículo 4 – No se admitirá la recusación sin expresión de causa.

Artículo 5 – La recusación tendrá el trámite previsto en el Cód. Proc. Penal conforme lo dispone el art. 91 de la Ley N° 4976. Interpuesta la recusación, se dará vista al miembro recusado por el término de tres días. Evacuada la vista y recibida la prueba, en su caso, se resolverá en el plazo de cinco días.

Artículo 6 – La integración del Tribunal por un miembro suplente se notificará a los imputados conforme a lo previsto por el art. 14 del Reglamento Procesal.

CAPITULO II – ACTOS PROCESALES

Artículo 7 – El procedimiento será escrito y las actuaciones se agregarán foliadas en expediente con numeración correlativa, que se caratulará con el apellido y nombre del o de los imputados.

Artículo 8 – El proceso no admite la caducidad de instancia.

Artículo 9 – El tiempo en el proceso estará regido por los artículos 61 a 64 del Cód. Proc. Civil. Si los interesados lo solicitaron antes del vencimiento, se considerarán automáticamente prorrogado el término por el plazo solicitado, que no podrá exceder del originario; por lo cual no requerirá ni providencia ni notificación. Exceptúase de lo dispuesto anteriormente, los plazos para interponer recursos, los que una vez vencidos hacen decaer el derecho a interponerlos.

Artículo 10 – El expediente será secreto, salvo para los imputados, sus defensores y miembros del Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores, los que deberán requerirlo mediante oficio.

Artículo 11 – Los expedientes estarán bajo la custodia del Secretario del Tribunal, quien podrá expedir fotocopias certificadas. Sólo cuando el volumen lo justifique podrá facilitarlos en préstamo a los imputados y sus defensores en los casos de citación para defensa; cuando se pongan los autos a la oficina para alegar y cuando ello resultare imprescindible para el que ejerza el derecho de defensa.

Artículo 12 – Deberán notificarse por cédula:
a) La citación para defensa.
b) La admisión o el rechazo de la prueba ofrecida.
c) Las audiencias de sustanciación de la causa y la presentación de informes periciales.
d) Los autos que resolvieran recursos e incidentes.
e) Los emplazamientos.
f) La providencia que pone la causa para alegar.
g) La sentencia.
h) Cualquier otra resolución que el Tribunal dispusiera notificar por este medio para mejor garantía de la defensa. La notificación por cédula se realizará por el Secretario o los notificadores ad-hoc, de acuerdo con las prescripciones del Cód. Proc.Civil.

Artículo 13 – La citación para defensa deberá notificarse en el domicilio legal previsto en el art. 3º inc. d) de la Ley 4976 construido por el imputado ante el Colegio de Abogados de la Circunscripción Judicial a la que pertenezca, o ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en oportunidad de su matriculación, o personalmente. Las demás resoluciones mencionadas en el artículo anterior, se notificarán en el domicilio legal constituido en el expediente, o en su defecto en legal del art. 3º inc. d) de la Ley 4976.

Artículo 14 – Las resoluciones no incluidas en la enumeración del art. 12, quedarán notificadas automáticamente el lunes o jueves posterior a su fecha o el siguiente si aquellos fueran feriados. En caso de no encontrarse el expediente en la sede del Tribunal, a pedido del interesado, se dejará constancia de esa situación, certificada por el Secretario o el notificador ad-hoc. En ese caso la notificación se considerará efectuada el lunes o jueves posterior a la devolución del expediente al Tribunal.

CAPITULO III – PROCEDIMIENTO ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS

Artículo 15 – Cualquier persona podrá denunciar ante el Colegio de Abogados, hechos u omisiones que, a su juicio, importan violación de las normas vigentes sobre ética profesional.

Artículo 16 – El Colegio procede de oficio, o por denuncia, o a pedido de un abogado de cuya conducta se trate. En el primer caso, al tenerse conocimiento de un hecho que prima facie constituya infracción, se procederá a individualizarlo debiendo suscribir el acto el Presidente del Colegio o al menos un miembro del mismo, lo que servirá de cabeza de proceso.
En el segundo caso, la denuncia deberá presentarse ante el Colegio de Abogados por escrito y contener el nombre, domicilio y los demás datos personales del denunciante; y en la medida de lo posible deberá indicar la relación del hecho, su autor y partícipes, las pruebas de que disponga, la constitución de un domicilio especial y la firma del denunciante.
El denunciante no es parte en el proceso, pero tiene facultades para ampliar la prueba ofrecida con la denuncia. Esta facultad podrá usarla hasta la conclusión del periodo probatorio. La denuncia no es suceptible de renuncia ni desistimiento.

Artículo 17 – El Directorio examinará si la denuncia reúne los requisitos antes enumerados y si el hecho denunciado constituyera prima facie, una infracción a las normas de ética, requerirá del modo que estime conveniente, las explicaciones establecidas en el art: 53 de la Ley N’ 4976 y resolverá si hay o no lugar a la formación de causa disciplinaria, ordenando el pase de las actuaciones para su juzgamiento. Podrán rechazarse in límine aquellas denuncias cuya improcedencia sea evidente.

CAPITULO IV – PROCEDIMENTO ANTE EL TRIBUNAL DE ETICA

Artículo 18 – Recibida la causa, el Tribunal de Etica correrá traslado al denunciado, emplazándolo para que en el término de diez (10) días comparezca, deduzca su defensa, ofrezca la prueba de descargo, y constituya domicilio legal, bajo apercibimiento de considerar subsistente el mencionado en el artículo 13 del Reglamento Procesal. Contestado el traslado, si existieran hechos a probar, el Tribunal aceptará con amplitud la prueba que resulte pertinente y conducente, ordenando los medios para la producción de la misma, y en su caso expresará mediante auto, las razones que fundamentaren el rechazo de alguna de ellas.
Si el imputado no comparece a defenderse será declarado rebelde, sin que tal declaración constituya presunción de verdad de los hechos investigados. En lo sucesivo las providencias del art. 12 de este reglamento se practicarán en el domicilio legal del art. 3º inc. d) de la Ley 4976.

Artículo 19 – En el ofrecimiento, recepción y demás cuestiones vinculadas a la prueba, serán aplicables las normas pertinentes del Cód. Proc. Civil para el juicio sumario, sin perjuicio que si el caso en tratamiento lo hace necesario, podrán aplicarse supletoriamente las normas del Cód. Proc. Penal, para los supuestos no contemplados en el Cód. Proc. Civil.
Los testigos no podrá exceder de cinco por cada sumariado, salvo que por la naturaleza de la causa o por la cantidad de cuestiones de hecho sometidas a decisión el Tribunal estime conveniente admitir un mayor número.

Artículo 20 – El sumariado tendrá a cargo la producción de la prueba por el ofrecida, en el término que a tal efecto determine el Tribunal, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de la misma sin más trámite y sin necesidad de declaración alguna. Vencido el plazo sin que se haya realizado, la prueba caducará automáticamente. El plazo podrá ser ampliado por causa justificada, siempre que la petición se efectúe antes del vencimiento del mismo. Los honorarios y gastos de las pericias estarán a cargo de quién las ofrezca como prueba, debiendo ponerlos a disposición del perito en tiempo oportuno. En todas las cuestiones vinculadas a la prueba serán aplicables supletoriamente las normas del Cód. Proc. Civil, con excepción de la declaración del sumariado que se regirá por las disposiciones del Cód. Proc. Penal.

Artículo 21 – Una vez diligenciada la prueba o vencido el término probatorio, los autos quedarán en Secretaría a disposición de las partes para que dentro del término de diez días alegue por escrito sobre el mérito de la causa.
Si hubiera más de un sumariado, el tribunal al poner el expediente para alegar, establecerá concretamente el orden en que deberán retirarse los autos.

Artículo 22 – El Tribunal tiene dentro del procedimiento establecido, un poder autónomo que podrá ejercitar prudencialmente de acuerdo con la naturaleza y circunstancias del hecho investigado.

Artículo 23- El procedimiento debe impulsarse de oficio por el Tribunal, a cuyo efecto ordenará las medidas necesarias y convenientes para el desarrollo del proceso, teniendo amplias facultades de investigación respecto de los hechos sometidos a su decisión, ello sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 20 de este Reglamento Procesal.

Artículo 24 – La prueba pericial estará a cargo de los peritos inscriptos ante la Suprema Corte de Justicia y se designarán por sorteo. Sólo en el caso de inexistencia de peritos o expertos inscriptos o negativa a aceptar el cargo por todos ellos, el Tribunal podrá designar un profesional experto reconocido, prescindiendo del sorteo

Artículo 25 – Si el perito no produjera su informe o no subsanara las omisiones en el plazo que se le fijare, cesará en el cargo y se designará otro. Si no compareciera por dos veces a la audiencia fijada para que de explicaciones, también cesará en el cargo.

Artículo 26 – La prueba instrumental obrante en reparticiones públicas y la informativa, podrá ser requerida por el Tribunal conforme los Art.22, 23 y 24 de la Ley Nro 4976.

Artículo 27 – La declaración del inculpado, los testimonios y las explicaciones de los peritos se producirán en audiencia ante el Tribunal, siendo suficiente para su formalización, la presencia del Secretario o de cualquiera de los miembros, labrándose el acta respectiva.

Artículo 28 – El Tribunal podrá resolver de oficio la prescripción de la acción. Si fuera planteada por el encausado, deberá tramitarse y resolverse como excepción de previo y especial pronunciamiento.

Artículo 29 – Los decretos serán dictados por el Presidente del Tribunal. Los autos serán fundados y dictados en acuerdo, por mayoría de sus integrantes Los decretos de mero trámite podrán ser firmado por el Secretario del Tribunal.

Artículo 30 – La sentencia disciplinaria contendrá los requisitos de los Art. 56 inc.4 y 5 de la Ley N° 4976, y lo establecido en los Art.. 88 y 90 del Cod. Proc. Civil. Los treinta días para dictar la sentencia, se comenzarán a contar desde el día siguiente de efectuado el sorteo de práctica. La sentencia contendrá el voto individual de cada uno de los miembros del Tribunal, quienes podrán adherirse al emitido por un preopinante.
El Tribunal de Etica, por disposiciones de su régimen administrativo interno, determinará el tiempo en que deberán expedirse el miembro preopinante y los restantes miembros.

Artículo 31 – Sólo será apelable la sentencia definitiva, conforme a lo previsto en el art. 57 de la Ley N° 4976.

Artículo 32 – Las resoluciones interlocutorias del Tribunal, sólo podrán ser impugnadas por recurso de reposición y aclaratoria, en la forma y con los efectos previstos en el art. 13 ,y 132 del Cód. Proc’. Civil. El recurso de aclaratorio sólo podrá articularse contra autos y sentencias.

Artículo 33 – Los incidentes serán resueltos mediante autos que serán dictados dentro del plazo de diez días de su interposición. Si se hubiere ofrecido prueba, se sustanciará conforme lo dispuesto por el art. 93 del Cód. Proc. Civil y el plazo para dictar resolución será de quince días y comenzará a regir desde que quede firme el llamamiento de autos para resolver.

Artículo 34 – Los incidentes que se plantean en las audiencias serán resueltos por el Secretario o por un miembro del Tribunal que se encuentre presente. Contra la decisión que recaiga podrá articularse recurso de reposición ante el Tribunal.

Artículo 35 – Los recursos de reposición contra incidentes que se articularan en las audiencias, se regirán por los Art. 93 y 131 del Cód. Proc. Civil.

Artículo 36 – Las actuaciones que no se ajustaran al procedimiento descripto, podrán impugnarse mediante incidente de nulidad (art.94 del Cód. Proc. Civil), que se interpondrá dentro del quinto día del conocimiento del acto, y sólo procederá cuando la violación de la norma de actuación viciare el acto de tal manera, que afecte el derecho de defensa y no hubiera sido convalidado expresa o tácitamente por el incidentante. La convalidación tácita resultará del consentimiento de cualquier resolución posterior a la agregación del acto, o de cualquier presentación del incidentante en el expediente que no contenga esa impugnación.

Artículo 37 – El Tribunal de Etica, de oficio, podrá anular actuaciones que hubieran sido cumplidas con violación del derecho de defensa, aunque hubieran sido consentidas tácitamente por el encausado.

Artículo 38 – Cuando por los mismos hechos se tramiten o se hubiera tramitado causa penal, el pronunciamiento del Tribunal de Etica será independiente de aquella, al igual que en los casos en que los jueces hayan impuesto sanciones en ejercicio de los poderes que le son inherentes dentro del proceso de que se trate. Es facultad del Tribunal disponer la suspensión del proceso disciplinario si la causa penal estuviese pendiente de resolución. No se computará plazo alguno mientras durare la suspensión.

Artículo 39 – Las sanciones que dicte el Tribunal de Etica deberán fundarse en la Ley N° 4.976 en las disposiciones del Código de Ética Profesional de la Abogacía Iberoamericana, aprobada por la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza (Acta N° 3 del 7 de junio de 1986), y subsidiariamente en los principios generales que se consideren aplicables en las respectivas materias

Artículo 40 – El Tribunal dispondrá la publicidad de la sentencia conforme a lo establecido por el art. 58 de la Ley 4.936 y podrá además publicarla teniendo en cuenta los antecedentes del caso, su gravedad o la trascendencia de los hechos investigados. Asimismo está facultado para hacer conocer al denunciante el resultado definitivo del proceso.

Artículo 41 – El Tribunal tendrá a su cargo el régimen administrativo interno, pudiendo con tal finalidad, dictar normas sobre:
a) La obligación de los miembros del Tribunal de concurrir a la sede en días determinados para celebración de acuerdos y notificaciones.
b) Conceder licencias a los miembros del Tribunal y Secretario por causas justificadas.
c) Comunicar al Colegio de Abogados y Procuradores respectivo, la ausencia injustificada a tres reuniones consecutivas o cinco alternadas en el curso del año.
d) Designar Secretario subrogante en caso de impedimento del titular.
e) Designar notificadores ad-hoc.

Artículo 42 – El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación por la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia, que lo hizo en Acta de fecha 20 de junio de 2.003 y se aplicará a los asuntos actualmente en trámite, sin perjuicio de los actos y efectos ya cumplidos.

Código de Ética

  1. Que la abogacía de los países iberoamericanos, incluidos naturalmente los dos que fueron realizadores de los Descubrimientos, España y Portugal, se fundamenta en una tradición común de dignidad y honor en la conducta del Abogado; en la libertad e independencia de su ejercicio profesional y en el sentido de la responsabilidad ante sus clientes, la sociedad y los órganos jurisdiccionales, con la conciencia de la alta función social que ejerce.2. Que esta tradición se ha manifestado ya en múltiples estudios doctrinales y numerosos estatutos y reglas deontológicas, y en usos y costumbres locales que definen unánimes al abogado como defensor de la justicia con sujeción a leyes justas, órgano indispensable para su administración concreta y patrocinador jurídico y moral de los derechos, libertades e intereses de las personas, siempre dentro de normas de riguroso cuidado, estudio y lealtad, que configuran una manera de ser y de obrar profesionalmente de la que nos reconocemos como herederos y continuadores.3. Que la evidencia de estos principios fundamentales, que son nuestra esencial y común raíz ética, como servidores del Derecho, los hemos articulado para una mayor precisión y facilidad deformación personal y aplicación práctica, recogiendo inspiraciones y formulaciones de todos los países iberoamericanos en el siguiente “Código de Etica de la Abogacía Iberoamericana que se nos había encargado.RECOMENDACIONES1. Que la precedente exposición de motivos sea en lo sucesivo conocida y citada, como “Declaración de Mar del Plata”.II. Que se apruebe el texto articulado de CODIGO que se a. compaña como anexo.III. Que las normativas deontológicas que se promulgan por Colegios o Agrupaciones de Abogados en los diversos países iberoamericanos procuren adaptarse a las orientaciones básicas del presente CODIGO.

    IV. Declarar la conveniencia de que la Etica de la Abogacía sea incluida como materia de Estudio en los planes y programas de disciplinas jurídicas.

    V. Que la Presidencia y el Secretariado de la UIBA, además de la divulgación de este CODIGO

    por todos los Colegios y Agrupaciones miembros de la misma, mantengan una atención permanente sobre estas cuestiones y promuevan por los medios adecuados que tal CODIGO se incorpore a normas legales de los respectivos países iberoamericanos.

    CODIGO DE ETICA PROFESIONAL PARA ABOGADOS Y PROCURADORES (-)

    SECCION PRELIMINAR PRINCIPIOS GENERALES:

    1. Ambito de aplicación las normas contenidas en este Código deontológico serán de aplicación con el carácter de orientadoras en todos los Colegios y Agrupaciones de Abogados integrantes de la UIBA, sin perjuicio de las de sus propios reglamentos o costumbres en materia disciplinaria.

    2. Compatibilidad con las normas locales. Relación.
    El presente Código no pretende en modo alguno derogar las normas éticas nacionales o locales vigentes o a reformarse, que tendrán precedente aplicación en dichos ámbitos.

    3. Alcance de este Código Las normas de este Código rigen el ejercicio de la abogacía en toda su extensión, ni la especialización profesional ni circunstancia alguna eximirán su escrupulosa observancia, aunque entre abogado y cliente exista otra relación fuera de la estrictamente profesional.
    Cuando un abogado intervenga en un caso de carácter internacional cumplirá los deberes que le imponen sus propias leyes nacionales, lo que se establece en este Código y las vigentes en la legislación del país en que actúe, cuyas normas deontológicas deberá conocer y respetar. A tales efectos la Orden o Colegio del país huésped está obligada a responder toda consulta sobre el alcance y contenido de sus normas, que formule el abogado extranjero.

    4. Cumplimiento de este Código.

    Ningún convenio que celebre un abogado podrá enervar los alcances de este Código o excusará sus obligaciones y responsabilidades profesionales, aunque los clientes o personas perjudicadas renunciasen al derecho de exigir su cumplimiento.

    La Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza, aprobó el Código de Etica Profesional para Abogados y Procuradores, en la sesión del 7 de junio de 1986, que se registra en el Acta No 3 del Libro respectivo (arts. 431102, Ley 4976)

    5. Interpretación de estas normas. Criterio general de Etica Profesional

    La interpretación de estas normas será de competencia de los órganos de Gobierno, Tribunales de Disciplina o de Honor o Comisiones de Deontología, según estatutos locales. Los colegiados que previa consulta ajusten su accionar a los dictámenes en la materia estarán exentos de responsabilidad ética y de sanción disciplinaria.

    6. Limitación de sanciones

    La infracción a las normas de este Código, en cuanto ellas no estuviesen explícita o implícitamente incorporadas en las legislaciones locales, no podrán servir de base para que Tribunales de Honor o de disciplina locales puedan imponer la sanción de separación de un abogado. Esta decisión sólo procederá en último grado a un Tribunal de Justicia competente, previo juicio de responsabilidad, en que se aseguren todas las garantías de defensa en las diversas instancias.

    7. Modificación

    Las normas de este Código sólo podrán ser modificadas por una mayoría absoluta de las Delegaciones Nacionales que se hallen presentes y votando en una reunión plenaria de un Congreso de la UIBA y siempre que la propuesta de modificación haya constado en el orden del día del Congreso y las propuestas de modificación hayan sido enviadas previamente a las Delegaciones por lo menos cuatro meses antes de la apertura del Congreso

    SECCION 1
    DEBERESFUNDAMENTALES DE LA PROFESION

    8) De comprender el deber esencial

    El abogado debe saber que su misión es ser defensor de la justicia y que su intervención profesional es indispensable para su realización. La Ley injusta no obliga en conciencia al abogado.

    9. De estudiar y medir su propia capacidad

    Incumbe al abogado el deber constante de actualizar y profundizar sus conocimientos jurídicos en general y los que sean objeto de determinada especialización. En todos los casos cuya defensa asuma es menester que los someta previamente a un detenido análisis, como si debiera juzgarlos y que realice una meditada valoración de sus antecedentes. No debe tomar asuntos que no sean acordes con una preparación especial que no posea.

    10. De diligencia y puntualidad

    Hace a la esencia del deber profesional consagrar toda la dedicación o esfuerzo a los problemas del cliente y poner en su defensa el mayor celo y saber con estricta sujeción a las normas jurídicas y morales. El abogado debe ser también puntual con los Tribunales, funcionarios, colegas y clientes y partes contrarias.

    11. De actuar con honor, probidad, lealtad, veracidad y buena fe

    El abogado debe en todo momento mantener el honor y la dignidad de la profesión. En toda su actividad profesional, como en su vida privada, debe abstenerse de toda conducta impropia que pueda desacreditar la profesión. La conducta del abogado debe asimismo caracterizarse por la probidad y la lealtad. Ello se garantiza con la veracidad y la buena fe.

    12. De defender el honor y la dignidad profesionales

    Es derecho y deber del abogado combatir por todos los medios lícitos la conducta censurable de los jueces y colegas y denunciarles a las autoridades competentes No debe permitir ni silenciar las irregularidades manifiestas en que incurran las personas que desempeñen funciones públicas y profesionales.

    13. De impedir el ejercicio ilegal de la profesión

    Tampoco debe permitir que se usen sus servicios o su nombre para facilitar o hacer posible el ejercicio profesional para quienes no están legalmente autorizados para hacerlo. Afecta al decoro del abogado suscribir escritos en cuya preparación no haya intervenido.

    14. De independencia

    El abogado debe conservar total independencia en su actuación profesional y no aceptará ningún caso, asunto, negocio u ocupación que menoscaben esa independencia.
    La independencia se entiende oponible a los clientes, poderes públicos, magistrados y otras autoridades ante las que ejerza y a toda situación de interés no coincidente con la justicia y la libre defensa de su cliente.
    Es recomendable que evite en lo posible la acumulación al ejercicio profesional de cargos o tareas susceptibles de comprometer tal independencia e insumirle demasiado tiempo por resultar inconvenientes con el ejercicio de la abogacía.

    15. De desinterés

    El desinterés que debe caracterizar al abogado no consiste en el desprecio al provecho pecuniario legítimo de su trabajo, sino en cuidar que la perspectiva de éste no sea la causa determinante de sus actos. El derecho del abogado a su digna retribución no es asimilable al espíritu de lucro, extraño a la abogacía. Es recomendable que el abogado evite en lo posible, los mandatos sin afinidad con la profesión, depósitos de fondos y administraciones. Asimismo, que no adquiera interés pecuniario en los asuntos que patrocina o haya patrocinado, ni directa ni indirectamente sobre bienes pertenecientes al juicio o en los remates que sobrevengan, aunque sea por razón de cobro de sus honorarios, ni acepte en pago de éstos dación de bienes pertenecientes a las causas patrocinadas. Esto se entiende fuera del pacto de cuotalitis, cuando esté reconocido por la ley.

    16. De guardar estilo

    En sus expresiones verbales o escritas el abogado debe usar la moderación y energía adecuada, tratando de decir nada más que lo necesario al patrocinio que se le ha confiado.
    En la crítica del fallo o de las actuaciones de un Magistrado o Tribunal debe cuidarse de proceder con el máximo respeto a las personas e instituciones, absteniéndose de toda expresión violenta o agraviante.
    En cuanto al colega adversario, tal proceder constituye falta contra la solidaridad profesional y es además grave error de técnica del patrocinio.
    El abogado debe tratar a los litigantes, testigos y peritos del juicio con la consideración debida. La severidad en el trato que puedan imponer las exigencias de la defensa no autoriza ninguna vejación inútil o violencia impropia. El cliente no tiene derecho a pedir a su abogado que falte a la parte contraria o que incurra en personalismos ofensivos.

    17. De cuidar y reconocer su responsabilidad. De indemnizar

    El abogado debe cuidar su responsabilidad y hacer honor a la misma. No es aceptable que el abogado expulse de los errores que cometa en su actuación, pretendiendo descargarlos en otras personas, ni actos ilícitos, atribuyéndolos a instrucciones de sus clientes. El abogado debe adelantarse a reconocer la responsabilidad derivada de su negligencia o actuación inexcusable allanándose a indemnizar los daños y perjuicios causados al cliente.

    SECCION II
    DEBERES CON LA SOCIEDAD Y EL ORDEN JURIDICO

    18. De cooperar al perfeccionamiento del Derecho y sus instituciones

    El abogado debe adquirir conciencia de que desempeña una importante función social y que le incumbe especialmente la tarea de procurar el incesante proceso del Derecho y sus instituciones, conforme a los valores de justicia, libertad, seguridad jurídica y paz social.
    Es deber primordial del abogado respetar y hacer respetar la Constitución, las leyes y las autoridades legítimas y debe denunciar y combatir todo hecho o legislación contraria o que viole los derechos y garantías individuales consagradas en las Constituciones nacionales y en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948). Consiguientemente, negará a la autoridad pública o a cualquier institución privada su colaboración a cualquier actividad que signifique el desconocimiento de esos derechos.
    Que el abogado no debe interesarse en casos que precisen de la aplicación de una ley injusta, según su recta conciencia, pues le está moralmente prohibido cooperar al mal.
    Comete grave falta contra la ética profesional el abogado que prevaliéndose de la posición o cargo público que ocupa, propicia o contribuye a la violación del orden jurídico.
    El abogado debe ser defensor de las libertades civiles y políticas que aseguran el respeto a la dignidad humana y el bienestar general.

    19. De prevenir litigios y facilitar la conciliación

    El abogado debe esforzarse siempre por favorecer las posibilidades de llegar a una solución justa, mediante arreglo extra judicial, advenimiento, conciliación o transacción.
    Es contrario a la dignidad del abogado fomentar litigios o conflictos, pero si alguna conciliación comportase consecuencias funestas para el cliente, según su juicio, deberá hacerle una exposición objetiva del previsible resultado nocivo, en caso de transar, y desaconsejarla.

    20. De actuar con espíritu fraternal. Atención gratuita de pobres

    Procurando el logro de la justicia el abogado tratará de evitar toda situación innecesariamente enojosa y, en cambio, se esforzará en todos sus actos por hacer bien al prójimo.
    Con sujeción a las normas y costumbres locales, el abogado debe prestar asesoramiento a toda persona urgida o necesitada.

    21. De respetar las normas sobre incompatibilidades. De no ejercer influencias. De aceptar designaciones de oficio

    El abogado debe respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades de la profesión, absteniéndose de ejercerla cuando se encuentre en alguno de los casos previstos.
    El abogado que actúe en política o sea legislador o desempeñe cargos públicos, debe caracterizarse por una especial cautela por evitar que cualquier actividad o expresión suya pueda interpretarse como tendiente a aprovechar su influencia política o situación excepcional.
    No aceptará designaciones de oficio que no se hagan por sorteo o turno, pero cumplidas en esta forma es deber del abogado aceptarlas al igual que las defensas de los pobres, cuando sea el caso.

    22. De cumplir con las cargas públicas generales y propias de la profesión

    El abogado debe cumplir con las cargas públicas que establecen las leyes en general y muy especialmente las contenidas en las referentes a la profesión.

    23. De instalar Estudio y atender en él: informar cambios. Sociedades entre abogados

    1)La instalación de un Estudio públicamente conocido, es indispensable para la debida actuación profesional del abogado.
    Esto implica la obligación de instalar una oficina que sea digna en la jurisdicción en que habitualmente actúa, con conocimiento, como así de sus posibles cambios, al Colegio o Asociación Profesional y a Tribunales. En el Estudio se ha de centrar la atención personal y predominante de sus asuntos y de sus clientes.
    2) El abogado podrá asociarse para ejercer la profesión con sujeción a las normas legales y colegiales locales. El Estudio de asociados o despacho colectivo debe inscribirse como tal.
    3) Estudio en común. Varios abogados pueden constituir un Estudio en un ámbito compartido sin estar asociados y tanto para actuar regularmente en forma individual, cada uno con la clientela propia, como compartiendo eventualmente algunos casos.
    4) Sólo en la medida que lo autoricen las disposiciones legales y costumbres locales se podrán habilitar Estudios multidisciplinarios (varias profesiones).
    5) No se considerará Estudio o despacho colectivo la mera coexistencia de colaboradores o pasantes, donde los haya, como tampoco la concurrencia de ascendientes, descendientes o colaterales en segundo grado del abogado titular.
    6) La condición de Estudio o despacho colectivo se dará a conocer de modo que no induzca a confusión a la clientela y al público en general.
    7) Cuando un abogado actúe en otra jurisdicción que no sea la propia o la habitual deberá hacerlo siempre que sea posible en el Estudio instalado de otro abogado.
    8) Sólo en casos excepcionales y suficientemente justificados puede el abogado evacuar consultas, o entrevistar a clientes fuera de su estudio o el de otro colega o procurador. Afecta al decoro del abogado la atención de asuntos en lugares públicos o inadecuados.
    9) El abogado debe abstenerse de prestar su nombre para nominar estudio sin estar vinculado al mismo.

    24. De defender la inviolabilidad del Estudio y documentos confiados

    El abogado debe defender la inviolabilidad del Estudio y de los documentos privados que le han sido confiados. Solo admitirá su allanamiento o secuestro cuando se funde en previa orden judicial.

    25. De procurarse clientela por medios dignos
    La formación de la clientela debe cimentarse en la capacidad profesional y la honorabilidad. Es preciso evitar la solicitación directa o indirecta de clientes, mediante gestiones excesivas o sospechosas, solicitación de asuntos o entrevistas no basadas en adecuadas y previas relaciones personales o el ofrecimiento espontáneo de servicios no requeridos.
    El abogado no debe procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional, como recurrir a terceras personas o intermediarios, remunerados o no, para obtener asuntos. Tampoco debe formar o celebrar contratos de sociedad profesional con personas no habilitadas legalmente para ello ni procurarse trabajo profesional mediante descuento, comisión u otras ventajas análogas que pudieran conceder u obtener del cliente o de terceras personas.

    26. De moderación de la publicidad

    1) El abogado debe reducir su publicidad y papelería a indicar la dirección del estudio, títulos universitarios o académicos y horario de atención al público. Tal publicidad debe ser moderada y sería menoscabando la dignidad profesional toda otra orientada directa o indirectamente por el abogado con fines de lucro, captación de clientes o auto elogio.

    2) Está prohibido al abogado todo otro anuncio o difusión de sus servicios, directamente o por órganos publicitarios, que se aparten de lo normado en el número anterior, como también suscribir asuntos de agencias de negocios, gestorías, consultorios o emitir dictámenes gratuitos en revistas, periódicos u otros medios de difusión, salvo petición fundada y autorización dada por el respectivo colegio.

    3) El abogado puede publicar informaciones o comentarios con fines científicos en diarios o revistas especializadas observando las normas morales y la omisión del nombre y apellido de las partes cuando pudiese perjudicarles.

    4) Falta a la dignidad profesional el uso de nombre de fantasía para individualizar el Estudio o de otras personas que fuesen ajenas al mismo.

    SECCION III
    DEBERES CON EL CLIENTE

    27. Definición general

    El abogado una vez aceptado el encargo profesional, debe anteponer siempre el interés de su patrocinado a su propio interés. La defensa del interés del cliente se realizara sin temor confiando en la independencia profesional, la solidaridad de los colegas y el amparo del colegio.

    28. Deber de reciproca confianza.

    De imponerse debidamente de la causa del cliente y de no asegurar éxito
    La relación entre abogado y cliente debe fundarse en una reciproca confianza. El abogado debe tratar de obtener pleno conocimiento de la causa de su cliente antes de emitir opinión sobre ella y decidirse por su aceptación. No debe nunca asegurar el éxito del pleito ni magnificar sus dificultades, limitándose a significar al cliente si su pretensión esta o no amparada por la ley y cuales sean sus probabilidades razonables sin adelantar una certeza que el no puede tener. Asimismo el abogado se abstendrá de afirmar en juicios su convicción meramente personal sobre la inocencia del mismo cliente o sobre la justicia de la causa.
    No es licito engañar al cliente haciéndole creer lo que de antemano se sabe no ha de resultar.

    29. De lealtad al cliente. Información plena y censura de incorrección.

    I) El abogado debe dar siempre a su cliente una opinión franca sobre cualquier asunto, lo que se extiende a la defensa de indigentes.
    2) Debe enterar al cliente de todas las circunstancias que influyan en la libre elección del abogado. Aceptado el caso, informara al cliente siempre que sea necesario sobre el estado de la causa.
    3) El abogado no puede transigir, desistir o confesar sin la conformidad del cliente.
    4) El abogado informará el cliente sobre la necesidad o conveniencia de requerir la colaboración de otros profesionales o peritos obteniendo para ello su consenso.
    5) El abogado debe procurar que sus clientes no incurran en la comisión de actos reprobados por las presentes normas y velar porque guarde el respeto a los magistrados, funcionarios, abogados, contrapartes y terceros que intervengan en el caso. Si el cliente persiste en su actitud el abogado queda en libertad de renunciar.
    6) Si el abogado descubre en el juicio una impostura que conduzca a beneficiar injustamente al cliente se lo hará saber para que la rectifique y renuncie al provecho indebido que pudiera obtener, si este no accediera, el abogado debe renunciar en forma que no lo perjudique.

    30. De la aceptación y rechazo de asuntos

    I) El abogado se hará cargo de un asunto cuando tenga libertad plena para atenderlo y dirigirlo.
    2) El abogado es libre de aceptar o rechazar asuntos en que se solicite su intervención sin necesidad de expresar los motivos de su determinación, salvo en casos de nombramientos de oficio en que debe justificar su declinación. Cuando voluntaria o necesaria mente exprese los motivos de su decisión procurara evitar agravio o perjuicio a la defensa cuyo patrocinio rehúsa. Para aceptar o rehusar, el abogado debe prescindir de su interés personal y cuidar que no influya en su decisión ni el manta pecuniario del asunto ni el poder o fortuna del adversario.
    3) No debe aceptar asuntos en que haya de sostener tesis contrarias a sus convicciones, aunque excepcionalmente podrá aducirlas si fuesen ineludibles en merito a la ley, jurisprudencia o doctrina aplicable, dejando a salvo su opinión.
    4) Debe asimismo, abstenerse de intervenir cuando no este de acuerdo con el cliente sobre la forma de conducir la defensa o cuando una circunstancia de parentesco, amistad o de otra índole pudiese afectar su independencia.
    5) Un abogado no debe aceptar el patrocinio de un caso sobre cuyos meritos haya emitido opinión como juez o funcionario publico.

    31. De rehusar aceptación de causas injustas o imposibles

    El abogado no debe abogar o aconsejar en causa manifiestamente injusta o contra disposición literal de la Ley o cuando resultare absurdo o inoficioso, por carencia de pruebas u otras cosas notorias. En causas penales debe defender, aunque no tenga pruebas.

    32. De rehusar causa contraria a la validez de un acto jurídico en que haya intervenido

    El abogado no debe aconsejar ni aceptar causa contraria a la validez de un acto jurídico en cuya formación haya intervenido.

    33. De utilizar medios lícitos y justos

    El abogado goza de libertad en los medios a emplear en sus defensas, siempre que sean legítimos y justos.
    Aunque la causa sea justa, el abogado no debe emplear medios ilícitos o injustos para hacerla triunfar o abusar de medios legales para dilatar los pleitos. Rehusará cualquier proposición del cliente en tal sentido.

    34. De servir al cliente, cumpliendo su gestión

    1) El abogado, cualquiera sea el carácter en que actúe, empleará al servicio del cliente en todo su saber, celo y dedicación personal.
    2) Ni el temor a la antipatía del juzgador o a la impopularidad le detendrán en el cumplimiento de su deber.
    3) El cliente tiene derecho a todos los recursos y defensas autorizadas por la ley y debe esperar de su abogado que apele a los mismos, dentro de los límites de la ley y lo que su conciencia le dicte.
    4) Cuando el abogado actúe como apoderado ejercerá la representación hasta cesar en el cargo, conforme a las leyes. Interpondrá los recursos legales, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, contra toda resolución adversa a las pretensiones de su poderdante y contra toda regulación de honorarios que corresponda abonar al mismo, salvo expresa conformidad del cliente.

    35. De aceptar consultas con otros colegas

    1 ) Por norma general, el abogado debe aceptar la propuesta del cliente de dar intervención a otro abogado adicional, lo que no cabe interpretar como falta de confianza del cliente. Sin embargo, el abogado conserva la facultad de rehusarse a ello, declinando su intervención en más.
    2) Si el primer abogado objetase la propuesta, el segundo se abstendrá de intervenir. Si cesa el primero en la atención del cliente y del caso, el segundo podrá aceptarlo.
    3)Si los abogados que aceptan intervenir conjuntamente discrepan, se expondrá al cliente el conflicto de opiniones para que él decida. En principio, tal decisión debe aceptarse y respetarse, salvo que resultare intolerable o impracticable a juicio de alguno de ellos y en tal caso solicitará al cliente que lo releve de su intervención.

    36. De aceptar defensas penales. Pautas específicas

    1) El abogado puede y debe asumir la defensa de causas penales con abstracción de su opinión personal sobre la culpabilidad del acusado, pues todo imputado tiene derecho a que se presuma su inocencia y a ser defendido, mientras no se prueben los hechos, su culpabilidad y grado de la misma, en un juicio público con las garantías de un debido proceso.
    2) Antes de aceptar una designación de defensor, el abogado medirá si con sus conocimientos y posibilidades de diligencia plena garantizará la eficaz defensa del cliente y de sus intereses.
    3) Aún en defensas penales el abogado rehusará el empleo de medios probatorios falsos.
    4) Es deber del defensor penal entrevistar con la asiduidad necesaria a sus defendidos cuando estén detenidos o presos, poniéndolos al tanto de sus procesos. Asimismo debe asistir y controlar el desarrollo de las audiencias de los procesos en que intervenga.
    5) Todo abogado debe repudiar y denunciar cualquier forma de apremio, vejámenes o abusos de autoridad ejercidos sobre sus clientes o de los que tenga fehaciente noticia en su ejercicio profesional.

    37. De asumir actitud moderada en denuncias penales y querellas

    1) Cuando el abogado deba formular denuncias, actuar como querellante, particular damnifica do o actor civil en proceso penal, considerará su deber primordial conseguir que se haga justicia. Es aconsejable que sea el cliente damnificado quien formule la denuncia, con o sin su patrocinio.
    2) Un abogado no debe amenazar con iniciar persecuciones penales, cooperar en ellas o aportar pruebas en procesos penales, desnaturalizando la índole del caso, como medio indirecto para asuntos que sean de otra naturaleza.

    38. De guardar el secreto profesional. Extensión

    1) El abogado debe guardar celosamente el secreto profesional que constituye un derecho y un deber inherente a la profesión y al derecho de defensa por ser depositario del secreto o confidencias del cliente. Si en el secreto de la comunicación reservada no puede existir una debida relación de confianza. Tal derecho y deber perdurar incluso después de cesada la prestación de sus servicio
    2) La obligación de secreto se extiende a las confidencias del cliente, a las del adversario, a las de los colegas, a las que resulten de entrevistas para conciliar o transar y a las de terceras personas, hechas al abogado en razón de su ministerio. Asimismo a los documentos confidenciales o íntimos llegados al letrado.
    3) El abogado no debe admitir que se le exima del deber de guardar secreto por parte de ninguna autoridad o persona. Citado a declarar, el abogado tiene derecho de oponerlo a los jueces u otra autoridad y a negarse a contestar las preguntas que lo expongan a violarlo, aunque debe concurrir a la citación.
    4) El abogado no debe citar al colega adversario a declarar como testigo. Igualmente evitará presentarse espontáneamente como testigo en las causas en que intervenga; pero si esto resultare excepcionalmente ineludible, previamente deberá renunciar a su gestión profesional, en garantía de imparcialidad, y no podrá reasumirla.
    5) El abogado no debe intervenir en asuntos que puedan conducirlo a revelar un secreto ni utilizará en provecho propio o de su cliente las confidencias recibidas en el ejercicio profesional, salvo que obtenga el consentimiento de su confidente.
    6) La obligación del secreto profesional se extiende a los asuntos que el abogado conozca por trabajar en común o en forma asociada con otros abogados o por intermedio de empleados de éstos. Asimismo, el abogado debe prevenir a los colaboradores, empleados y pasantes del estudio, de la obligación de no revelar confidencias o secretos de los clientes y de los documentos confiados.
    7) En la atención de casos internacionales el abogado procurará observar las normas mas rígidas que aseguren la protección del secreto.

    39. De revelar excepcionalmente confidencias. Límites

    1) La obligación del secreto profesional cede a las necesidades de defensa personal del abogado cuando es acusado por su cliente, empleados o terceros, en cuyo caso revelará lo indispensable a su defensa, pudiendo en igual medida exhibir documentos confiados.
    2) El abogado también puede revelar lo estrictamente necesario para el ejercicio del legítimo derecho al cobro de sus honorarios y de consultar el encuadre del caso con otros colegas, despojan él decida. En principio, tal decisión debe aceptarse y respetarse, salvo que resultare intolerable o impracticable a juicio de alguno de ellos y en tal caso solicitará al cliente que lo releve de su intervención.

    40. De rehusar la defensa de intereses encontrados o que perjudiquen los intereses del mismo

    1) El deber de patrocinar o representar al cliente con absoluta lealtad y fidelidad y el de guardar secreto impiden al abogado la subsiguiente aceptación de tareas profesionales que afecten el interés del cliente que haya hecho alguna confidencia.
    2) Es contrario a la ética profesional e ilícito patrocinar o representar intereses contrapuestos, en la misma o ulteriores instancias, excepto consentimiento unánime y escrito de las partes, después de una explícita aclaración de los hechos. Existen intereses encontrados cuando simultáneamente se deba defender e impugnar una misma pretensión o medida.
    3) El abogado debe evitar causar perjuicio a su cliente, intencionado o negligente por acción o por omisión.
    4) El abogado debe informar inmediatamente a quien requiera sus servicios las relaciones que lo vinculen con la otra parte de cualquier interés que tuviera en el asunto y, en general de cualquier circunstancia que pudiera ser adversa a quien solicita su patrocinio de modo que si insistiese en el requerimiento lo haga con pleno conocimiento de las circunstancias

    41. De requerir el consentimiento del cliente para reemplazo o sustitución

    1) El abogado debe requerir el consentimiento del cliente para hacerse reemplazar por otro abogado en el patrocinio, defensa o mandato confiado, salvo casos de impedimento súbito o imprevisto o de tener amplias facultades para ello, previamente clarificadas al cliente, en cuyo caso igualmente avisará al mismo.
    2) El abogado sustituido en la defensa por otro colega no debe obstaculizar la decisión del cliente y respetará su decisión de revocar la designación anterior. El abogado se preocupará porque la sucesión en el mandato se realice sin perjuicios para el siguiente.

    42. Renuncia al patrocinio, defensa o mandato

    Aceptado el patrocinio, defensa o mandato, el abogado no podrá renunciarlo sino por causa justificada sobreviniente, que afecte su honor, dignidad o conciencia o cuando exista incumplimiento de las obligaciones morales o materiales del cliente o bien hagan necesaria la intervención exclusiva o excluyente de otro colega especializado. Pero aún en estos casos cuidará que su alejamiento no sea intempestivo y perjudicial para el cliente, ajustándose a las prescripciones legales en la materia y reservando las causas de su determinación, cuando cualquier revelación impropia pudiese perjudicar al cliente.
    Aunque la renuncia se produzca antes de tomar efectiva intervención, el ahogado debe considerarse con las mismas obligaciones que si hubiese intervenido

    43. De informar el deceso del cliente

    Si el cliente falleciese, el abogado debe informar al juez del proceso en que fuese parte y a los derecho habientes, tal acontecimiento, pero seguirá actuando en la medida legal, hasta su confirmación o sustitución.

    44. De poner leal y debido cuidado en propiedad ajena. devolver bienes, fondos y documentos. De retener, excepcionalmente

    1) El abogado debe emplear el mas celoso cuidado con el dinero, cosas, bienes y documentos de sus clientes, evitando la menor apariencia de descuido en la materia. Es recomendable que lleve contabilidad adecuada y asegure la conservación de aquellos. En todos los casos expedirá recibo del dinero, bienes y documentos que reciba y los exigirá cuando devuelva o entregue alguno de ellos al pudiente.
    2) El abogado no debe mezclar los fondos propios con los de su cliente y menos disponer de ellos aunque sea temporalmente. Las sumas recibidas para un destino especial deben afectarse al mismo.
    3) Las cosas, fondos o valores del cliente que fuesen percibidos a su nombre por el abogado deben ser inmediatamente entregados a aquel o aplicados al objeto que el mismo indique por escrito. De igual modo se precederá con los documentos o papeles privados no indispensables a su contenido. La demora injustificada en comunicar, ampliar o restituir constituye falta grave a la ética profesional.
    4) El abogado debe evitar ejercitar el derecho de retención sobre bienes, dinero o documentos de su cliente, salvo casos extremos, debidamente justificados.
    En el caso de acuerdo con el cliente es aconsejable que deje fehacientemente notificada y clarificada su actuación y pretensiones, pudiendo requerir la mediación del Colegio, para conseguir una solución arbitral.

    45. De cobrar honorarios justos y moderados. Evitar controversias o apremios

    1) El abogado debe ajustar la estimación y cobro de sus honorarios a las reglas de la ley, normas, usos y costumbres de los colegios locales.
    2) Constituye falta a la ética profesional percibir honorarios inferiores al mínimo señalado en la ley, normas, tablas 0 costumbres del Colegio.
    3) El abogado puede cobrar las consultas que evacue y tareas extrajudiciales,
    4) El abogado puede solicitar al cliente entregas a cuenta de honorarios y gastos, con razonable moderación así como formalizar convenios de honorarios con idéntico criterio.
    5) Debe evitar los apremios y controversias con el cliente acerca de sus honorarios hasta donde sea compatible con su dignidad y con el derecho a la justa retribución de sus servicios. Sólo recurrirá a la demanda contra el cliente, para impedir la injusticia o la burla, excesiva demora o fraude, pero en tales casos es aconsejable que se haga representar o patrocinar por un colega y que solicite la mediación del Colegio.
    6) Comete incorrección el abogado que pide otras retribuciones que las inicialmente acordadas 0 después de iniciadas las actuaciones o gestiones fuera de los casos de excepción contemplados por las leyes, normas y costumbres en la materia.
    7) El defensor penal estimara con particular moderación sus honorarios cuando el cliente sea de escasos recursos y en situaciones límites lo podrá defender gratuitamente .
    8) La participación de honorarios entre profesionales es contraria a la dignidad de la profesión cuando se practica sin una colaboración jurídica efectivamente prestada o sin que exista sociedad o participación en un mismo estudio profesional. Constituye

    falta que se eleven los honorarios en razón de una mera recomendación o derivación del caso por otros colegas, que no les confiere derecho a pretender participación, por tratarse de actitudes que afectan los intereses del cliente y la libre competencia profesional.

    46. Percepción de sueldos. Adelantos de gastos

    1 ) La retribución por servicios profesionales puede consistir en un sueldo fijo mensual o anual siempre que su importe constituya adecuada retribución de los servicios prestados y se comunique al Colegio profesional para su control
    2) Si bien el abogado no debe afrontar los gastos del juicio, salvo especial convenio de «cuotalitis», podrá excepcionalmente anticiparlos, con sujeción a reembolso.

    47. Contratos sobre honorarios. Pactos de cuota-litis

    1 ) En principio es moralmente lícito que los abogados fijen por contrato el monto de sus honorarios, respetando las leyes y costumbres locales, pero deben redactarse por escrito y en doble ejemplar bajo sanción de nulidad
    2) Como criterio general se considera el pacto de cuota-litis como poco digno para el decoro profesional y es inmoral cuando
    no guarda relación con la importancia del servicio profesional, dificultad del caso o implique aprovechamiento indebido de la ignorancia, inexperiencia o necesidad del cliente.
    3) En las jurisdicciones o casos en que el pacto de cuota-litis esta prohibido por las leyes locales, el abogado debe abstenerse de pactar participación alguna sobre el resultado del pleito. La infracción a esta norma se considerará falta grave.
    4) El pacto de cuota-litis es admisible como excepción, según las siguientes condiciones:
    a) Que lo justifique el ofrecimiento espontáneo del cliente, o la dificultad del caso, la previsible larga duración del proceso, una diligencia inusual o absorbente, desplazamientos y gastos del profesional.
    b) Debe redactarse en doble ejemplar, precisando las mutuas obligaciones de ahogado y cliente.
    e) El profesional no podrá percibir más de una tercera parte del resultado líquido del juicio, salvo que tomase a su cargo los gastos inherentes a la defensa del cliente y las costas causídicas favorables al adversario, en cuyo caso podrá participar hasta el cincuenta por ciento de este resultado. Los honorarios que se impongan a la parte contraria, corresponderán exclusivamente al profesional.
    d) Si el asunto se perdiere, el abogado nada cobrará, excepto que hubiere previsto para tal caso, una compensación razonable por gastos.
    e) La participación se entiende por la totalidad del trabajo profesional, en todas las instancias y hasta la definitiva conclusión del litigio, si éste se soluciona antes de cumplirse todas las etapas previstas el cliente tendrá derecho a una reducción proporciona] de su participación al abogado.
    f) La revocación del poder no anula el contrato sobre honorarios, salvo que se funde en culpa del abogado, pero aún en este caso, el mismo podrá solicitar regulación colegial o judicial, si correspondiera, por las tareas cumplidas y conforme a las leyes de la materia. El abogado debe reservar la facultad de renunciar al mandato o patrocinio, en cuyo caso quedará sin efecto el contrato y sólo podrá pedir regulación de honorarios.

    SECCION IV

    DEBERES CON MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS

    48. De seriedad y ponderación

    El abogado debe observar en su actuación profesional lo dispuesto en la norma 16 y además Tener en cuenta que contraría a la Ética profesional
    1) Pedir a los magistrados opiniones anticipadas o explicaciones verbales respecto a resoluciones a dictarse o dictadas.
    2) Descuidar el deber de respeto e incurrir en expresiones violentas o agraviantes en la crítica de resoluciones, varios u otros actos de magistrados o funcionarios así como en las contestaciones o réplicas al adversario u omitir la consideración debida a los litigantes, testigos o peritos. A ello no es asimilable la energía necesaria o adecuada para impugnar errores, abusos o arbitrariedades en que puedan incurrir funcionarios o magistrados Pero tampoco las exigencias de la defensa autorizan la severidad de trato, vejaciones inútiles o violencias impropias y el abogado debe rechazar el pedido del cliente para que falte a la parte contraria o incurra en personalismos ofensivos.
    3) Hacer notas o marcas en las piezas de autos.
    4) Facilitar o entregar al cliente el expediente judicial.
    5) Agraviar o humillar de cualquier modo a los empleados judiciales o a los empleados públicos en general.
    6) El abogado no debe publicar ni inducir a que se hagan públicos noticias o comentarios vinculados a los asuntos en que intervenga a la manera de conducirlos a la importancia de los intereses comprometidos o a cualquier ponderación de sí mismo.
    7) Debe abstenerse de publicar escritos judiciales o las discusiones mantenidas en relación a los mismos, si circunstancias extremas o causas particularmente graves justificasen una exposición al público no deberá hacerlo en forma anónima. Y en tal caso, que es mejor evitarlo, no incluirá referencia a hechos extraños al proceso, mas allá de las citas y documentos de autos.
    8) Concluido un proceso puede publicar en forma ponderada y respetuosa sus escritos y las sentencias y dictámenes del expediente, pero no los escritos del adversario, sin autorización previa de su abogado.

    49. De respetar y apoyar a magistrados y funcionarios. Acusaciones.

    Es deber del abogado guardar el debido respeto a jueces y otras autoridades en atención a la función que cumple. No siendo los jueces enteramente libres de defenderse tienen derecho de esperar de los abogados y del foro el apoyo contra críticas injustas, así como la defensa de su independencia o estabilidad. Cuando haya fundamento serio de queja contra un tribunal o funcionario, el abogado debe formular su denuncia o acusación en forma legal, ante la autoridad competente o su Colegio, no sin antes agotar las instancias ante los mismos magistrados o funcionarios y con la leal prevención de que, de no enmendarse la inconducta, se recurrirá a los medios legales adecuados.

    50. De lealtad con magistrados y funcionarios. Evitar abusos y obstaculización de trámites

    El abogado observará lo dispuesto en la norma 11 y debe contribuir a la celeridad de los procesos en que intervenga, observando los plazos y términos legales. Se abstendrá de recursos o medios que, aunque formalmente legales, importen una violación a las presentes normas y sean perjudiciales al normal desarrollo del proceso y de toda gestión puramente dilatoria que, sin ningún propósito justo lo entorpezca y de causar aflicciones o perjuicios innecesarios.

    51. De usar con moderación de las recusaciones o acusaciones a magistrados

    1) El abogado debe hacer uso de los recursos excepcionales de las recusaciones o pedidos de enjuiciamiento de magistrados con gran seriedad y moderación, ya que el abuso de esos medios compromete por igual la majestad de la justicia y la dignidad de la profesión.
    2) El abogado no debe aceptar ni sustituir mandato o patrocinio con la intención de provocar la separación del juez de la causa por algún motivo legal.

    52. De abstenerse de ejercer influencias sobre magistrados y funcionarios. De comunicarse en privado con los jueces

    1) El abogado no debe ejercer influencia de ninguna clase sobre magistrados o funcionarios ni apelar a vinculaciones políticas de amistad o de otra índole o recurriendo a otros medios que los establecidos en las normas procesales pertinentes.
    2) El abogado evitara las atenciones excesivas y familiaridades no usuales con jueces y funcionarios, que pueden suscitar falsas equívocas interpretaciones, aún cuando estén motivadas en relaciones personales. Es ilícito e inmoral que el abogado entre en combinaciones, retribuidas o no, con servidores de la justicia para desviarlos del exacto cumplimiento de sus deberes.
    3) Se abstendrá de comunicarse o de discutir en privado con los jueces sobre el mérito de las causas sometidas a sus decisiones. Pero podrá hacerlo en el despacho de los mismos, sólo para urgir pronunciamiento o explicar oralmente argumentaciones previamente formuladas por escrito en casos realmente necesarios. Pero no es admisible que, en ausencia del abogado contrario, aduzca motivos o consideraciones distintos de los que constan en autos.

    53. De exigir consideración debida

    El abogado debe exigir de los magistrados y de los funcionarios de toda clase y empleados el mismo respeto y consideración debidos a los magistrados.

    54. Limitaciones a ex-jueces y funcionarios

    Cuando un abogado haya cesado en la magistratura o en algún cargo público no debe aceptar patrocinio de asuntos en los que hubiera intervenido a título oficial.
    Es recomendable que durante este tiempo prudencial el abogado se abstenga de ejercer ante el tribunal o dependencia oficial a que perteneció.

    55. De evitar el abuso de poder

    Comete falta grave el abogado que valiéndose de la posición o cargo público que ocupa propicie o contribuya a la violación del orden jurídico.

    SECCION V
    DEBERES CON LOS COLEGAS

    56. De la fraternidad, lealtad, ayuda y respeto recíprocos

    Entre los abogados debe haber fraternidad, lealtad y respeto recíproco, que enaltezcan la profesión, sin que en ellos influyan el encono o animadversión de las partes. Esto implica:
    1) Evitar los personalismos. respetar la dignidad del colega y hacer que se la respete, impedir la maledicencia del cliente hacia el anterior abogado o el patrocinante del adversario, abstenerse cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos o de otra índole que puedan ser ofensivos.
    2) Tener disposición de confianza, lealtad y consideración hacia los colegas facilitándoles la solución de impedimentos momentáneos que no les sean imputables, tales como ausencias imprevistas, duelo, enfermedad y atendiendo razonables pedidos de aplazamiento de escritos, informe o diligencias, sin que lo impida el apremio del cliente.
    3) Dar aviso al colega que haya intervenido previamente en un caso antes de aceptar el patrocinio o representación de la misma parte y procurar que le sean debidamente satisfechos sus honorarios pendientes. El previo aviso no se requiere si el abogado previamente hubiese renunciado al patrocinio o mandato, aunque es recomendable comunicarse con el abogado anterior.
    4) Evitar los esfuerzos directos o indirectos para apoderarse de otros colegas o para captar sus clientes. Pero no se debe eludir aconsejar adecuadamente a quienes buscan ayuda contra abogados infieles o negligentes, pero en tales supuestos es conveniente informar al colega imputado.
    5) Antes de actuar contra un abogado imputado de delito, negligencia u otras responsabilidades el abogado debe intentar una conciliación amigable y a falta de solución intentar la mediación del colegio.
    6) En caso de que una persona deba actuar contra un abogado y no obtenga patrocinio quien resulte designado por el Colegio o por el tribunal aceptará el cometido salvo justa causa de excusación.
    7) Cuando un abogado deba actuar por derecho propio contra colega observará lo prescrito en el apartado 5 y de no haber conciliación se hará representar o patrocinar por otro colega.
    8) El abogado no debe usar en juicio escritos o datos obtenidos de sus colegas, sin autorización de estos, ni aprovecharse de la confianza brindada por el colega adversario.
    9) El abogado asociado a la defensa de un caso por medio de otro colega evitará el trato directo con el cliente, salvo acuerdo previo o necesidad de actuación urgente e ineludible según circunstancias.
    10) Si el abogado se vale de un colega o procurador o gestor fuera de su sede o aún en ella y lo haya elegido para trámites o diligencias, queda obligado a proveerle de fondos suficientes para su cometido y ha de asegurarle la satisfacción de honorarios y gastos, respondiendo de ello personalmente, sin perjuicio de recabar su reembolso del cliente.

    57. De ayudar a los abogados iniciados y de estos a solicitarlo.

    El abogado con antigüedad en el ejercicio profesional debe prestar orientación, guía y consejo desinteresado de modo amplio y eficaz a los abogados jóvenes que lo soliciten. Recíprocamente, el abogado joven tiene el derecho y el deber de requerir consejo y orientación a los abogados experimentados para cumplir cabalmente con los deberes de ciencia y diligencia.

    58. De brindar condiciones dignas a colegas auxiliares o asociados

    El abogado que acepta colegas en su estudio en calidad de colaboradores o asociados debe proveerles de un ámbito de trabajo adecuado y decoroso para su digna y perfectible preparación profesional. Debe asimismo retribuir justamente su colaboración y posibilitarle que forme su propia clientela y requerir en justos límites esa colaboración. Se aplica especialmente la disposición precedente respecto a abogados que se inician en la práctica profesional, siendo acreedores a recibir ayuda para su capacitación y formación deontológica. así como para prepararse para el ejercicio autónomo de la profesión .

    59. De respetar y hacer cumplir convenios

    Los convenios celebrados entre abogados deben ser escritos y estrictamente cumplidos. Pero el honor profesional exige que aún los verbales se cumplan rigurosamente como si constasen en instrumento público.

    60. Relación con abogados del extranjero

    1) En principio las comunicaciones con abogados extranjeros deben ser considerados de carácter confidencial o reservado, pero es recomendable que el abogado requiera del colega extranjero previamente en que medida éste las aceptara como tales.
    2) El abogado que requiera los servicios de un colega extranjero procurará asegurarse que esté bien calificado para la atención del caso. El requerido se abstendrá de aceptar una gestión para la cual no esté capacitado y en cambio sugerirá al residente, con información amplia y leal que otros abogados se encuentren debidamente habilitados para cumplirla.
    3) Si el abogado se limita a recomendar un colega extranjero, presentarle o enviarle un cliente, no es responsable del pago de la cuenta de honorarios y gastos del colega del exterior.
    4) No siendo el caso anterior, el abogado que encomienda a un abogado del exterior que le aconseje en un asunto o se lo atienda debe, aún en el caso de incumplimiento del cliente, atender el pago de honorarios y gastos del colega extranjero. Para evitar conflictos es recomendable que el abogado interesado por otro, desde el inicio de las relaciones, que establezca leal y claramente sus pretensiones y formalice un acuerdo especial a este resguardo. El abogado residente puede limitar su obligación personal por los honorarios, costas y gastos devengados hasta el momento que, por razones explicadas y fundadas comunique al requerido la decisión de declinar su responsabilidad para el futuro

    61. De censurar la inconducta de los colegas

    Es deber del abogado denunciar sin vaci1ación ante el Colegio o ante los magistrados según el caso, la notoria inconducta o deslealtad del colega, pues ello afecta a la dignidad de la profesión, pero previamente agotará las instancias ante dicho colega previniéndole de las medidas a adoptar.

    SECCION VI
    DEBERES DE LA CONTRAPARTE, TESTIGOS Y PERITOS

    62. De no compartir la pasión del cliente hacia el adversario

    El ahogado no debe simular la pasión del cliente hacia su adversario y se abstendrá de compartirla, evitando persecuciones excesivas, gastos inútiles y toda medida o diligencia innecesaria a la justa y razonable defensa de su cliente.

    63. De evitar trato directo con la contraparte

    El abogado no debe tener trato directo con la contraparte o con persona que ya posea su abogado. Unicamente con intervención de su abogado procurará concertar convenios o transacciones. Si la contraparte en un principio careciese de asistencia letrada y el caso razonablemente lo exigiera el abogado se lo advertirá, para que se procure esa asistencia.

    64. Del trato debido con peritos y testigos

    El abogado puede libremente entrevistar a los peritos y testigos del asunto en que intervenga pero no debe inducirlo a apartarse de la verdad y disuadirá al cliente que intente hacerlo. Para evitar desviaciones y consecuencias es aconsejable que no delegue en empleados o terceros el trato con peritos o testigos, que debe ser personal.

    SECCION VII

    DEBERES CON EL COLEGIO DE ABOGADOS

    65. De confraternidad, respeto, cooperación. Aceptación de comisiones y cargas colegiales

    Las relaciones entre el abogado y el Colegio deben estar signadas por el espíritu de confraternidad, cordialidad, confianza, comprensión y respeto recíproco, cualquier reclamación, pretensión o recurso contra las autoridades del Colegio debe ajustarse a esas pautas.
    Es deber del abogado prestar su concurso personal para el mejor éxito de los fines colectivos del Colegio, así como de las instituciones públicas o privadas a que pertenecen. Las cargas legales, comisiones o encargos que se le confíen deben ser aceptados y cumplidos con buena disposición y diligencia excusándose sólo cuando media causa justificada.

    66. De promover y apoyar la enseñanza y actualización de la ética profesional

    Toda vez que el buen nivel deontológico profesional de los abogados de un Colegio contribuye a afianzar la majestad de la justicia, la dignidad de la profesión y la armonía y buena imagen pública del abogado, asi como del Colegio a que pertenece, es recomendable que el abogado se constituya en promotor y defensor de la enseñanza de la ética profesional en las facultades de derecho de su jurisdicción o, en subsidio, de cursor de esta disciplina en el propio Colegio local o en instituciones de práctica jurídica.

    67. De cumplir puntualmente otras obligaciones con el Colegio

    1) El abogado debe cumplir puntual y espontáneamente con el pago de cuotas y cargas colegiales y soportar asimismo las contribuciones económicas o fiscales inherentes a la profesión.
    2) Debe asistir a las asambleas del Colegio y votar cuando sea el caso.
    3) El abogado que sea requerido debe brindar a los órganos de su colegio cumplido informe oportuno o aclaratorio sobre su persona o actividad profesional.
    4) El abogado debe colaborar con el Consultorio Jurídico gratuito y con los servicios colegiales de orientación a los abogados de reciente incorporación donde estén creados según normas estatutarias y legales.

    68. De forma.