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Interpretaron la responsabilidad penal de las empresas y su relación con la Ley Penal Tributaria

Fue un diálogo entre diferentes especialistas en la temática que analizaron e interpretaron una normativa recién sancionada. Se dieron cita en el auditorio del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.   

El tema de análisis giró en torno a la “Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas y su relación con la Ley Penal Tributaria. Compliance y cómo prevenir la responsabilidad penal de directivos y empresas”.

En el inicio Juan Manuel Alvarado, quien tiene la responsabilidad de coordinar el trabajo académico de las comisiones del colegio, introdujo la jornada con una invitación a los profesionales a participar en las diferentes Comisiones para trabajar los distintos aspectos del Derecho. En ese sentido agradeció especialmente a las de Derecho Tributario y Comercial y de la Empresa que organizaron este encuentro y que durante todo el año se mantuvieron muy activas en la capacitación de los colegas.  Asimismo resaltó que ese encuentro está a la vanguardia de la interpretación de una Ley que se acaba de sancionar.

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El coodinador de la Comisión de Derecho Comercial y de la Empresa, Octavio Billi presentó a los disertantes; María Eugenia Cabus Marengo, Daniel Sosa Arditi, Marcelo Garnica y Walter Salvador Brail. Por su parte el responsable de la Comisión de Derecho Tributario, Gilberto Santamaría explicó la modalidad de trabajo y aspectos centrales del tema de discusión.

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Algo más sobre la temática 

Recientemente se aprobó en el Congreso de la Nación el régimen de Responsabilidad Penal que castiga la corrupción empresaria. Es un proyecto impulsado por el oficialismo que busca sancionar a personas jurídicas por delitos de corrupción contra la administración pública.

La normativa sancionada se acotará a los delitos de cohecho (pago de coimas); tráfico de influencias nacional o transnacional; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusión (exacciones ilegales); enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y falsificación de balances.

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